Infraestructuras financieras e interoperabilidad

Ana María Montoya

En años recientes hemos visto cómo la regulación financiera en medios de pago se ha ido adecuando a nuevos modelos de negocios que ofrecen servicios financieros digitales, incorporando al perímetro regulatorio a los emisores no bancarios de prepago o billeteras electrónicas, nuevos operadores de tarjetas y proveedores de servicios de pagos actualmente cubiertos por la regulación de pagos minoristas del Banco Central.

La discusión sobre medios de pago minoristas ha estado muy centrada en los esquemas de tarjetas de pago, sin embargo, se ha prestado poca atención al acceso a infraestructuras de pago por parte de los nuevos actores, ya que la regulación permite integración vertical entre bancos e infraestructura y los requisitos de acceso actuales son acordes a instituciones bancarias.

Por eso, es oportuna la propuesta regulatoria sobre cámaras de compensación de bajo valor a ser emitida por del Banco Central, que busca diversificar los medios de pago disponibles en el sistema financiero, permitiendo la compensación de transacciones de pago originadas en distintas plataformas, incluyendo pagos con tarjetas y transferencias electrónicas de fondos, disminuyendo el riesgo de liquidación de este tipo de medios de pago y otorgando acceso bajo condiciones objetivas y no discriminatorias a distintos oferentes bajo condiciones de interoperabilidad.

En la misma dirección, es urgente avanzar en el llamado Proyecto Fintech, que reconoce a los proveedores de servicios de iniciación de pago que promueven la transferencia cuenta a cuenta como medio de pago alternativo al esquema de la tarjetas, y encarga al Banco Central la regulación de los stablecoins o activos digitales equivalentes a dinero electrónico, adecuando el marco legal a los nuevos desafíos que representa la evolución de la economía digital.

Sin embargo, para que estos nuevos actores puedan contribuir a masificar el uso de medios de pagos electrónicos, deben ser interoperables con los operadores tradicionales y entre ellos, lo que requiere tener acceso a una infraestructura de pagos que permita el intercambio entre diferentes proveedores de servicios.

A nivel mundial hemos visto casos que reflejan la relevancia de la interoperabilidad. En Kenya (2017) hubo conductas anticompetitivas en el caso de la billetera electrónica M-Pesa, que actúa como proveedor de servicio de pago, estando integrada con la red de telecomunicaciones de Safaricom, ya que éste último limitaba el uso de su red para transferencias a cuentas administradas por terceros; o el caso Apple en Alemania (2020), donde se le está solicitando abrir el acceso para efectuar pagos a comercios a través de teléfonos móviles y que no se restringa la conexión al uso de su propia billetera móvil.

En efecto, la falta de acceso o interoperabilidad entre infraestructuras de incumbentes y entrantes puede traducirse en imposibilidad de realizar operaciones, lo que limita la competencia y puede desincentivar el uso por parte de los consumidores que prefieren un medio de pago que les permita realizar y recibir pagos en forma eficiente con la mayor cantidad posible de contrapartes, incluyendo personas, comercios e incluso el Estado.